No causa para El Mesias

Oscar J. Serrano / Primera Hora

La ramificación penal de la pensión “Cadillac” ilegal del ex gobernador Pedro Rosselló terminó ayer cuando la jueza administradora de San Juan, Isabel Llompart Zeno, determinó que no había causa probable para ordenar su arresto por las denuncias de apropiación ilegal, falsificación de documentos y aprovechamiento indebido de su cargo.

De esta manera, la primera acusación criminal que se presenta contra un ex gobernador en la historia constitucional de Puerto Rico terminó sin que un jurado de 12 ciudadanos tuviera la oportunidad de sopesar las alegaciones y emitir un veredicto.

El Derecho Penal no le reconoce al Estado ninguna otra oportunidad para volver a someter denuncias, ya que la determinación de ayer es la segunda después de que la jueza Ada López Santiago hiciera un dictamen idéntico el 28 de diciembre de 2006.

La controversia sobre la forma en que Rosselló se agenció su pensión comenzó en marzo de 2004 cuando una investigación de PRIMERA HORA demostró que sometió una certificación de trabajos falsa que decía que estaba trabajando a tiempo completo en el Hospital de Psiquiatría de Río Piedras en los veranos de 1962, 1963 y 1964 cuando, en realidad, pasó el verano de 1962 jugando tenis y el verano de 1963 estudiando en la Universidad de Harvard.

La jueza tomó la determinación después de que el fiscal general interino José Delgado le argumentara que un análisis sin prejuicio hacía “inevitable” la conclusión de que se trataba de un esquema ilegal y que “solamente una persona se benefició de todo esto, Pedro Juan Rosselló González”. Calificó este caso como “complicado” y “doloroso”, pero “necesario para la historia democrática de este país”.

La defensa, por su parte, argumentó que la jueza debería ser estricta en no permitir supuesta prueba de referencia que el Estado había presentado, y que “aquí no hay prueba” para sustentar los delitos.

Nueva teoría de defensa

Ambos, el Ministerio Público y la defensa de Rosselló, variaron un poco sus tácticas para la vista de ayer. Los primeros, añadiendo tres testigos en sala a las decenas de declaraciones juradas que habían sometido, y los segundos, inaugurando una teoría de que los contratos de verano fueron bajo programas de fondos federales y por eso es que no aparece registro de ellos.

Antes habían dicho que no aparecía registro porque varias dependencias gubernamentales, principalmente el Departamento de Salud, supuestamente los habían destruido. Para sustentar la nueva teoría, el abogado Harry Padilla introdujo la figura del padre del ex mandatario, el fallecido Juan A. Rosselló. Éste, como director del hospital, le habría dado los contratos a su hijo para unas tareas de las que supuestamente hay constancia en un libro suyo y en informes del Recinto de Ciencias Médicas, institución que certificó que en sus archivos no existen contratos del joven Rosselló entre 1962 y 1964.

Los testigos fueron la ex directora ejecutiva del hospital Ivette Molina Rivera, la consultora de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) Felícita Díaz Sambolín, y la directora de la Oficina de Contratos de Salud, Nydia Navarro Rodríguez.

En su exposición, Molina estableció que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) intentó que ella firmara una primera versión de la certificación de trabajos falsos que Rosselló sometió a la ASR, pero no lo hizo porque no tenía forma de constatar la veracidad de los trabajos de verano. Díaz estableció que el trámite administrativo de solicitud de pensión en la ASR estuvo marcado por irregularidades que chocan con las costumbres y reglamentos de la agencia y que, antes de que la ASR ajustara la pensión, se le pidió a Rosselló que autorizara al Seguro Social a entregar su historial de aportaciones, lo que probaría sin duda sus alegaciones de que trabajó esos años, pero éste nunca contestó. Navarro expuso que los contratos de Salud se registran a mano en bitácoras y no aparece ninguno para Rosselló entre 1962 y 1964.

Con su contrainterrogatorio, Padilla intentó establecer que ninguna podía probar que Rosselló las hubiera presionado para que produjeran certificaciones falsas, que el trámite de la solicitud en la ASR tenía que ser directo en las altas esferas de la ASR porque se trata de la pensión de un gobernador y no la de un “conserje”, y que los casos de cobro indebido de pensión no se manejan mediante acusaciones criminales sino mediante arreglos administrativos de repago.